Ruth Sarabia es Doctora en
Periodismo. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación, como Diario Sur
o TVE, y en el Gabinete de prensa de la Universidad. Es experta en
Participación y Voluntariado y tiene un Máster en Alta Dirección de
Instituciones Sociales. Ha sido Directora técnica de Participación Ciudadana y
desde 2015 es Directora General de las tres áreas que componen la concejalía de
política social: Igualdad, Derechos Sociales y Participación Ciudadana.
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El año llega a su fin. ¿Qué balance hace con
respecto a los derechos sociales en Málaga en 2017?
En los últimos años hemos estado afectados en nuestra ciudad
por una crisis muy importante que ha hecho que ciertos derechos sociales, que
considerábamos que estaban garantizados, de pronto se tambalearan. Pensábamos
que teníamos una estructura de servicios sociales fuerte y en cuanto ha llegado
la crisis nos hemos dado cuenta que no era tan fuerte como creíamos. Ya hemos
pasado los peores años y se nota en el número de personas nuevas que entran a
servicios sociales que ya no llevan el ritmo de años anteriores, la situación
se ha estabilizado. El problema es que, aún así, lo que da seguridad y
garantiza los derechos sociales no somos las administraciones públicas, es
tener un puesto de trabajo garantizado, que es lo que le da dignidad a la
persona. Desde las administraciones ponemos tiritas pero, a veces, cuando
alguien ya se está desangrando, y eso no son soluciones a largo plazo, son
soluciones para paliar una situación en corto o medio plazo, para dar un poco
de oxígeno hasta que encuentran un empleo. Los puestos de trabajo han aumentado
y el número de nuestras personas usuarias que han conseguido un trabajo después
de estar en desempleo mucho tiempo ha sido muy importante, pero son trabajos
precarios, empleos que no nos permite decir que se ha solucionado la situación
de vulnerabilidad que tenía esa familia; sí se ha salido de la situación de la
extrema necesidad y se pasa a estar en riesgo de exclusión social sin estarlo
realmente, pero no es una solución para plantear que ya pueden salir totalmente
del círculo de los servicios sociales. Desgraciadamente, necesitamos un empleo
de más calidad y más estable y que afecte a los dos miembros de la pareja para
conseguir que esa familia tenga asegurado su techo, su comida, su ropa, y
puedan tener un acceso a la alimentación normalizado. Para eso se necesitan
años y la mejora en la calidad del empleo. Lo fundamental es que garanticemos
sus derechos sociales.
Hemos tenido que tener mucha creatividad e imaginación frente
a la crisis y a las situaciones de vulnerabilidad de las familias porque en
muchos casos, las medidas tradicionales que habíamos puesto en años anteriores
no servían, ya que las circunstancias de hoy en día eran diferentes a las que
teníamos antes de 2017.
Hemos tenido que dar una vuelta de tuerca para todo para
intentar evitar que las familias cayeran en esa rueda de la que es muy difícil
salir dentro de los servicios sociales. Hemos intentado que las ayudas se
dieran siempre que hubiera un compromiso por parte de la persona por salir de
ese círculo de la pobreza, no de quedarse cobrando 400 euros para siempre,
porque esa no es la solución a los problemas; la solución es que te encuentres
en un itinerario de inserción socio-laboral. Y eso es lo que les hemos exigido,
entre comillas, a las familias a las que les dábamos esas prestaciones. Les
ayudamos, pero se tienen que comprometer a que si sale un curso de formación lo
van a hacer, así es como van a tener la oportunidad de reinsertarse, si no
nunca van a salir de esta rueda, y dentro de la rueda no les estamos dando la
solución a sus problemas, solo les estamos dando un poco de ayuda.
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¿Cómo va el proceso de adaptación del Área a
la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía?
Celebramos que exista por
fin la nueva ley porque han sido más de 30 años en los que ya, sobre todo en
los 10 últimos años, llevábamos mucho tiempo exigiendo a la Junta de Andalucía
que hiciera una modificación. Era una ley arcaica que no recogía la realidad
que en nuestra región y en nuestra ciudad se estaba produciendo en el tema de
derechos sociales. Celebramos que exista, pero nos hubiera gustado que hubiese
recogido de alguna manera las propuestas que se hicieron por parte del equipo
técnico sobre todo, porque en el Área hicimos un proceso de recogida por parte
del equipo técnico para mejorar el texto de la ley y poquitas cosas se tuvieron
en cuenta al respecto.
¿Qué pensamos de la adaptación? Estamos en ello, hay cosas
que ya cumplíamos perfectamente y no hemos tenido que hacer ninguna adaptación
y hay otras cosas que sí tenemos que volver a plantearnos, por ejemplo: ahora
hay una posibilidad de que la persona usuaria elija a qué trabajador o
trabajadora social quiere. Hasta ahora siempre se le asignaba por la zona de
trabajo social, por la UTS que le correspondía. En muchos casos son simplemente
mecanismos para dar nueva información a la persona, que no nos exige
reconvertirnos. En otros casos sí nos exige, por ejemplo: un incremento en las
plazas de oposiciones que hay que sacar y hemos comenzado después de muchos
años de congelación a sacar plazas para este mismo 2017, 3 plazas de trabajo
social, que se van a incrementar en las futuras anualidades; porque la ratio
que tenemos que cumplir en relación con el número profesionales con el de
usuarios y usuarias estamos todavía muy por debajo y por eso tiene que
incrementarse la contratación y en este caso, como es contratación pública,
tiene que ser a través de unas oposiciones o de un concurso-oposición. Teníamos
en los años atrás un Decreto del Gobierno que llevaba más de 6 años vigente que
no permitía, de ahí la congelación, esos puestos de trabajo. No posibilitaba
que se incrementara el funcionariado de ninguna de las administraciones
públicas debido a la crisis que estábamos pasando y a que había que cumplir una
serie de techos de gasto. Ahora que se han abierto las posibilidades, eso es lo
que vamos a hacer para tener un personal estable e intentar acercarnos a esa
ratio que tenemos que cumplir y que ya viene establecida en la Ley de Servicios
Sociales.
Nos hubiera gustado que hubiésemos sido un poco más
ambiciosos, y que no estemos otros 30 años sin cambiar la ley. Ya en ésta
echamos de menos algunas cosas, pues hubiera estado mejor tener garantías, por
ejemplo, que los programas para población gitana, para población inmigrante,
por las zonas de transformación social tuvieran asegurada la financiación y no
estemos a voluntad de unas subvenciones que hay unos años que pueden salir y
otros que no. Son problemáticas que tenemos desde hace 20 años encima de la
mesa y no se han solucionado y la Ley de Servicios Sociales podía permitir esa
financiación estable y haberlo tenido asegurado y recogido dentro de la propia
ley, y al final se ha optado por continuar con el modelo que se tenía. Hay
cosas que podíamos haber mejorado, como en todas las leyes, y otras que algo sí
se ha recogido para modernizar lo que estábamos viviendo.
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¿En qué momento se encuentra la ciudad en el
ámbito de actividad social con respecto a la Comunidad autónoma andaluza y al
resto de España?
En el ámbito social, la
comunidad entera, Andalucía y Málaga dentro, estamos a años luz en casi todas
las ratios, en negativo desgraciadamente, respecto a otras comunidades
autónomas de España. En el índice de pobreza infantil, el índice de personas
usuarias de los servicios sociales..., Andalucía está en lo más bajo dentro de
España. Dentro de Andalucía hay provincias que se encuentran en peores
circunstancias que Málaga.
Nos preocupa porque, al
final, la pobreza de menores viene muy ligada a todo lo que tiene que ver con
el empleo y la educación, y en estas áreas Andalucía sigue estando a la cola de
España, se nota en que las familias sean más pobres. Se tiene peor empleo, más
precario, de peor calidad, más estacional y encima en educación en todos los informes europeos
incluido el PISA salimos a la cola, teniendo por delante nuestra a países como
Bulgaria o Rumania en educación. Hace que te lleves las manos a la cabeza.
Tenemos un estudio, que ha hecho el Observatorio para la Inclusión Social que
tenemos en el Área, en el que se comprueba radicalmente que más del 80% de las
personas usuarias de Servicios Sociales no tiene la Educación Primaria
terminada y por eso muchas veces vienen a los Servicios Sociales, ya que porque
no pueden acceder a un empleo de mejor calidad o mejor calificación y tienen
muchas más cortapisas a la hora de poder estar integradas dentro de una
sociedad. Si continuamos teniendo tan malos resultados en los datos de
educación, fracaso escolar, absentismo, de abandono, incluso del sistema
educativo antes de acabar la ESO, volveremos a perpetuar estos malos resultados
en el ámbito social. Nada ocurre porque sí, ocurre por unos temas que son los
prioritarios y es esa formación para que te dé acceso al mercado laboral.
Me preocupa que, si bien
Málaga no es la provincia que está peor de la Comunidad, Andalucía sí lo está
con respecto al territorio nacional, y España también está a la cola dentro de
la Unión Europea.
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¿Cómo ha evolucionado el tejido asociativo de
Málaga con relación al Área? ¿Han mejorado las sinergias?
El tejido asociativo a
mejorado muchísimo. Recuerdo cuando llegué, el año que viene hace 15 años que
estoy trabajando en el Ayuntamiento, teníamos escasas 1.000 asociaciones y
ahora mismo tenemos 3.200 asociaciones en el registro. Esto no implica que
todas estén haciendo actividades todos los días, implica que al menos 2.500
estén activas, que ya es un tejido asociativo muy vivo. En número de
asociaciones registradas, Málaga ya está la 2ª de España, solo nos supera
Barcelona que tiene una tradición de movimiento asociativo mucho mayor, tiene
cerca de 6.000 entidades. Pero hemos conseguido superar en número de entidades
a Madrid; significa que no siempre que haya más cantidad es síntoma de que son
los mejores, refleja que es muy sencillo crear una entidad.
En Málaga si hay interés por
una causa la gente no tiene problema en asociarse, crear una entidad y trabajar
por esa causa. Sobre todo son entidades de carácter social, cuando yo entré
hace 15 años la mayor parte de asociaciones que existían eran de vecinos porque
había unas carencias que ya están cubiertas. Las personas de Málaga, que sí
somos solidarias, ante la crisis que hemos pasado hemos visto que había que dar
un paso adelante y echar una mano.
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¿Qué visión cree que tiene la ciudadanía
malagueña de los servicios sociales municipales?
En los peores años de la
crisis en otras ciudades nos decían que tenían verdaderas guerras abiertas
contra los Ayuntamientos, contra las instituciones, manifestaciones en las
plazas de sus ciudades y de sus pueblos, colas larguísimas para conseguir una
ayuda... Y aquí no hemos tenido nada de eso. Aquí hemos tenido dos cosas: en
nuestra comunidad las familias son todavía más importantes que en otras zonas de
España, tenemos muy arraigado el sistema familiar que sirve de red de
contención y de apoyo, y también un buen sistema de servicios sociales, que no
ha hecho que existan colas ni demandas causadas por falta de atención a la hora
de recibir ayudas; no ha habido ningún colapso de los servicios sociales porque
ya tenían una estructura muy bien distribuida en los 11 distritos. Eso es
porque se ha apostado incrementando en los últimos 10 años de 500.000 euros que
teníamos para ayudas a 6.000.000 euros.
Pero la ciudadanía en
general no conoce los servicios sociales, solo lo conoce quien lo tiene que
utilizar que lo valoran muy bien. Aunque a raíz de la dependencia se
democratizaron un poco los servicios sociales, hasta entonces solo era para las
personas pobres. Aún así saben que existimos pero no saben para qué hasta que
les toca. Una vez que son personas usuarias nuestras la valoración es muy
positiva, más de un 8, y estamos muy contentos.
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En la provincia de Málaga se contabilizan
aproximadamente unos 3.000 casos activos de violencia de género que se producen
en todas las edades y capas sociales. ¿Es el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género el principio de la solución a esta realidad en el conjunto
de España?
Es el principio, sí. Dentro del Pacto, que incluye casi 250
medidas, hay muchas de todo tipo. Unas que se tienen que tomar a escala nacional, otras a escala
autonómica, y otras en el ámbito local. Tenemos mucha fe en las medidas que en
el ámbito local vayamos a priorizar. Aún no hemos tenido las reuniones a través
de la FEM (Federación Española de Municipios) para que los municipios digamos
qué partes nos van a tocar de atención a las víctimas, recursos de acogida,
campañas de sensibilización, apoyo económico a las mujeres víctimas de esa
violencia. Nos tienen que decir hasta qué punto se nos va a escuchar, porque el
equipo de profesionales que tratan a las víctimas de violencia de género está
en los municipios. Nos hubiera gustado que la financiación hubiera venido
distribuida de otra manera para que los ayuntamientos tengamos más recursos,
porque ahora todo lo que hacen los ayuntamientos se hace ‘a pulmón’, sin
financiación autonómica, ni nacional. Respecto a las medidas, el Pacto va a
dotar de un mayor valor a la parte educativa. Si no empezamos a trabajar cuanto
antes con esos niños y niñas, difícilmente cuando sean personas adultas se va a
revertir una situación de violencia. Hay que empezar a trabajarlo cuanto antes,
con algo obligatorio dentro del propio currículo educativo, no con charlas puntuales.
Hasta que la juventud no se dé cuenta de ciertas conductas que son violencia de
género, como el control a través de las redes sociales y las nuevas
tecnologías, estaremos en las mismas. Podemos intervenir con niños, niñas y
mujeres que han sido víctimas, pero, o cambiamos la raíz del problema, o las
administraciones solo podremos poner tiritas.
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Hasta finales de octubre, la cifra de
inmigrantes llegados en patera a las costas andaluzas supera las 12.000. Esta
cifra no deja de crecer. ¿Están Málaga y Andalucía preparadas para acoger a
tantas personas?
No estamos preparadas. Aquí también hay un tema diplomático.
Marruecos ha decidido no controlar sus costas durante un tiempo. Esto hace que
la inmigración llegue a nuestras costas. Es imposible recibir a 100, 200
inmigrantes al día. Los problemas son siempre los mismos, si no se frenan donde
se tienen que frenar, seguirá pasando. En una ciudad como la nuestra, con la
cifra de paro que tenemos, cuando estas personas llegan sin formación, sin
hablar el idioma, sin papeles... ¿cómo van a tener una vida mejor? Para estas
personas sí es una vida mejor porque no tenían antes el acceso a lo que aquí le
ofrecemos cuando vienen: un techo, comida, ropa. Para quienes que estamos aquí
estas circunstancias son infrahumanas. Cada año aumentamos nuestras plazas para
personas extranjeras. Somos ciudad refugio y hemos dado dinero, casas, pisos y
centros para que las personas refugiadas tuvieran las mejores condiciones.
Somos un ayuntamiento y nuestros medios son finitos. Hay que ayudar a la gente
de aquí a la que viene de fuera. En Málaga hemos cuidado muchísimo siempre el
tema de la convivencia. Lo correcto, como se ha hecho en años anteriores, es
que las llegadas se produzcan pausadamente, escalonadamente y distribuir por el
territorio nacional los medios para atender a estas personas.
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El último informe de la Red Andaluza contra la
Pobreza y la Exclusión Social señala que el 33% de la población infantil de la
Comunidad autónoma está en riesgo de pobreza o exclusión. El grupo de edad que presenta un mayor índice
AROPE es el de 16-29 años con un 45,52%. Una de las consecuencias de
este problema es su reproducción a través de generaciones. ¿Son efectivas las
políticas sociales locales actuales con respecto a la pobreza infantil y
juvenil?
El
problema es que las políticas locales son políticas coyunturales, no
estructurales. Si los pilares básicos de vivienda, educación y empleo no son de
nuestra competencia, ¿cómo vamos a arreglarlo?
Para mí es un error que esto dependa de las comunidades autónomas,
porque implica que dentro de tu propio territorio nacional te va a condicionar
haber nacido en Andalucía o en el País Vasco. No debería haber diferencias
entre territorios de un mismo país. En Navarra o País Vasco tienen garantizadas
la mejor educación, el empleo y el acceso a la vivienda. Al contrario que aquí.
Planteamos que estas tres políticas sean las mismas para todo el territorio
nacional. No puede haber una España de primera y una España de segunda
división.
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El Departamento de Estado de EE.UU. elogió a Málaga
por su proyecto pionero interdisciplinar en materia de prevención contra la
radicalización. ¿Puede comentarnos en qué consiste esta iniciativa y qué
resultados se esperan?
Es un proyecto pionero que solo se hace en Málaga y por eso
vienen tanto de otros lugares a verlo. No le dimos tanta importancia cuando
empezamos a trabajar hace ya tanto tiempo. En Málaga, el fomento de la
convivencia hace que las personas extranjeras estén bien cuidadas desde que
llegan. Hemos fomentado las relaciones con asociaciones de las diferentes
comunidades de sus propios países que les sirven de redes de apoyo y acogida.
Hay 153.000 personas extranjeras, no llega al 10% de la población y esto
permite que se pueda trabajar bastante bien. Tener inmigrantes se ha vivido
siempre con una gran normalidad gracias al turismo. Además, la ciudadanía
malagueña es gente abierta y hospitalaria. Desde el Ayuntamiento, desde que se
creó el área de inmigración se han querido dar unas circunstancias especiales;
que las personas que se empadronaran recibieran una carta directa del alcalde
en la que pone a su disposición los servicios sociales y la entidad de su
comunidad para contactar. Son acogidas desde que llegan. El clima de tolerancia
ha sido muy bien valorado por la población extranjera. Aquí jamás se ha dicho
que la inmigración sea un problema. El carácter de la ciudadanía malagueña es
de una ciudad cosmopolita. En París, por ejemplo, se han creado guetos. No
extraña que la gente se radicalice, pues pagan impuestos y no reciben los
servicios, ni tienen los mismos derechos que la gente de allí. Si entran mafias
que lavan la cabeza a la juventud que no tiene una buena educación, que no
encuentra trabajo, que se consideran parias para la sociedad, pues acaba
convencida que son de segunda por ser de una religión diferente. Aquí
trabajamos en la prevención. La gente no puede olvidar sus orígenes, ni su
religión. Todos llevamos una mochila con lo que tenemos. A pesar de la crisis
no se ha menguado un euro en cooperación internacional. Hemos volcado toda la
experiencia que llevábamos haciendo en distintos planes: inclusión, ciudadanía
y convivencia, y lo hemos puesto en el plan de prevención de la radicalización.
Con esto, intervenimos socialmente con profesionales de la psicología, la
educación, el trabajo social justo antes de que haya ningún problema. No hay
orgullo mayor que las personas extranjeras me digan que les han hecho sentir
parte de la comunidad. En cuanto estás aquí, eres vecino o vecina de Málaga. Si
una persona se siente de aquí, nadie le va a lavar la cabeza para que ataque a
la gente.
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A grandes rasgos, ¿cuáles son los objetivos
sociales más importantes del año 2018?
Principalmente, trabajar con las familias en peores
circunstancias. Estamos haciendo un plan de choque integral, para que, volcando
todos los recursos que tenemos, salgan de la rueda de la pobreza. Si
garantizamos sus suministros vitales básicos, el alquiler de tres años, curso
de formación con obligación de inserción laboral... Si trabajamos con ellas
durante 3 años con las 550 familias más vulnerables, queremos pensar que se
romperá el círculo. Hemos de comprobar que si ponemos un plan integral sobre la
mesa en vez de tiritas, se consigue. Queremos garantizar los derechos sociales
para las personas que están en situación de vulnerabilidad total.
Entrevista realizada como periodista del Ayuntamiento de Málaga y publicada en el Boletín Informativo de Derechos sociales
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