España cuenta con 78.000 políticos en
primera fila. Además, existen numerosos políticos que trabajan directa o
indirectamente en el Estado. Los expertos piensan que sobra la mayoría de
ellos. Estos son unos datos muy relevantes si se tiene en cuenta que más de 300
políticos españoles están imputados y
muchos de ellos no abandonan sus cargos, algo que aumenta la pérdida de dinero
español.
Daniel
Fernández y Manuel Bustos, del Partido Socialista de los Catalanes, son algunos
ejemplos de políticos españoles imputados que han desatado la polémica en el
espacio público. Ambos, fueron apoyados por Pere Navarro, primer secretario del
PSC, que acudió a la falacia ad populum para defenderlos. Explicó que existían
otros casos de personas imputadas que no habían renunciado a sus cargos
públicos. Dicho esto, Fernández y Bustos tendrían el derecho de no renunciar.
Hay
imputados desempeñando cargos públicos. El porcentaje de dimisiones es muy
bajo. Se recuerdan las palabras de Francisco Camps, expresidente de la
Generalitat Valenciana, que después de dimitir explicó que lo hacía ofreciendo
su sacrificio para que Rajoy fuera el próximo presidente de España. El actual
presidente del gobierno, le dedicó en ese momento al comportamiento de Camps los
calificativos de “ejemplaridad” y responsabilidad“.
Los
hechos despiertan una impotencia generalizada debido a que los políticos
cuentan con inmensos sueldos, mientras la sociedad sufre los recortes y las
subidas de impuestos. Más aún, aceptando que el hecho de robar siempre debería
acarrear unas consecuencias legales, si en España una madre roba en un
supermercado para dar de comer a sus hijos está penada. Pero si un político
está acusado de corrupción no tiene por qué renunciar a su cargo y, si lo hace,
se le califica como alguien “ejemplar”.
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